El graffiti “un espacio donde los sin poder se expresan”

Ulises Fonseca Madrigal Graffiti, publicidad y propaganda política, son imágenes que conviven en el espacio público y que si bien desde la parte material son lo mismo: un grupo de letras o imágenes pintadas sobre muros, tienen una connotación social muy diferente entre sí; pero realmente ¿qué determina la validez de cada una y de los grupos que las hacen?, esta es una cuestión que desentraña el académico Jorge Francisco Sánchez. Jorge Francisco Sánchez, mejor conocido como Jofra, es profesor del Centro de Enseñanza Técnica y Superior en el estado de Baja California y estuvo en Morelia para ser uno de los ponentes del “Diplomado repensar las violencias desde el arte y la cultura”, de ahí es donde surgió la posibilidad de plasmar esta reflexión. Por tanto, Jofra mencionó que para descubrir el origen de la legitimación o criminalización de las imágenes, resulta necesario recordar primero que las lógicas de gobierno “buscan ejercer el poder mediante el diseño de los espacios donde se lleva a cabo la actividad social, una de las maneras más evidentes de ejercer este poder es la construcción de plazas (…) se busca controlar el espacio con la intención también de controlar el tiempo de las personas”. Frente a esa postura, dijo, “cada vez hay más oportunidades para que las personas habiten distintas modalidades del espacio, entonces hay una disputa por la significación de los lugares públicos como son plazas o sitios de encuentro y ahí nos podemos encontrar con manifestaciones como los graffitis”. Por tanto, el graffiti es una manifestación disruptiva que no está pensada para servir a intereses políticos (como la propaganda partidista) o mercantiles, por lo cual Jofra recordó que resulta necesario “considerar que elementos legitiman que algunos grupos puedan exponer su visión e ideología mientras que a otros se les proscribe y se persigue por exponer sus demandas o visión”. “Además –añadió el académico- quienes hacen graffiti reciben un trato particular dentro de los bandos municipales, con la tentativa de criminalizar estas expresiones y no a otras que muchas veces incumplen las normativas, muchas empresas que venden publicidad no pagan los impuestos ni tienen la reglamentación necesaria para instalarse en la ciudad, entonces al seguir esta lógica ¿la publicidad o la propaganda podría considerarse un tipo de graffiti?, aunque la propaganda política no, debido a que la ley permite que se las entienda de otra manera aunque formalmente sea muy similar al graffiti” en cuanto al hecho de que son letras pintadas sobre un muro. Sim embargo, el académico expresó que es importante “abrirse a estas manifestaciones para poder tener una lectura de lo que están señalando estos grupos juveniles, particularmente cuando referimos al graffiti artístico”. Para concluir, Jofra mencionó que para hablar con quienes tienen una visión que criminaliza al graffiti “depende de la disposición de las personas para dialogar, cuando hay cerrazón es imposible exponer cualquier argumento, pero cuando hay intención de escuchar y comprender otras maneras de ser entonces hay espacio para entender que el graffiti ha estado presente en toda la historia de la civilización, además de que también lo podemos entender como un espacio donde los sin poder se expresan”. Seguridad, estado y sociedad civil Ahora bien, Jofra impartió un módulo dentro del “Diplomado Repensar las violencias desde el arte y la cultural”, con el tema específico de “Intervenciones socioculturales para la recuperación del espacio público”. En palabras del propio Jofra, en este módulo fueron revisados “algunos de los conceptos que sirven para entender las acciones de sociedad y gobierno frente a  la crisis de inseguridad, al considerar que en ese tiempo uno de los indicadores de la pérdida de convivencia fue el abandono del espacio público”. Por tanto, añadió, fueron revisadas las políticas públicas del estado para entender también los modos en que el gobierno “fue cambiando su discurso, del 2006 al 2009 fue un discurso centrado en la guerra y a partir del 2009 cada vez más se fue considerando en llevar a cabo una política de seguridad humana según las recomendaciones de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura)”. Esa revisión estuvo guiada por una crítica hacia los conceptos que tiene el estado mexicano de conceptualizar la crisis de seguridad pública, seguridad humana y seguridad ciudadana, además de confrontarlo con las maneras en que la sociedad civil encuadra estas problemáticas. Para ilustrar un poco lo anterior, Jofra mencionó que en efecto “no es lo mismo considerar lo que es seguridad desde la lógica de la defensa del territorio nacional que la seguridad requerida por cada persona para llevar su vida”.